comunicado de prensa diciembre 2010

Ante las propuestas de algunos ayuntamientos (como por ejemplo los de l'Hospitalet de Llobregat, Salt y Badalona) de pedir que el informe de inserción social del ayuntamiento sea vinculante a la hora de estimar o denegar el permiso de residencia por el arraigo social y el reagrupamiento familiar, CCOO de Cataluña considera que esta propuesta no tiene ninguna cabida jurídica y crea un clima que favorece a la extrema derecha. La Constitución Española en el artículo 149 deja claro que la extranjería es una competencia exclusivamente del Estado; también el Estatuto de Cataluña en el artículo 138 que da a la Generalitat competencia ejecutiva en las autorizaciones de trabajo, pero no en los permisos de residencia. Tampoco la ley del Régimen Local contempla una competencia a los ayuntamientos en materia de extranjería. Una intervención de los ayuntamientos en la línea propuesta por las alcaldesas de l'Hospitalet y Salt puede ser denunciada por prevaricación. Sólo la administración del Estado, representada por sus delegaciones, tiene la competencia de aprobar o denegar un permiso de residencia con los informes objetivos de que disponen a través de los antecedentes policiales o penales.

Además, las conductas cívicas no son normas estándares a todos los municipios, cambian de un municipio a otro. Las exigencias no son las mismas, y esto lleva a juicios arbitrarios y no homogéneos entre los diferentes ayuntamientos. A modo de ejemplo, en la ciudad de Barcelona una conducta incívica es andar por la calle media desnudo, en cambio en Lleida es ir con el burka. En un Estado de Derecho no podemos confundir las conductas incívicas con delitos claramente tipificados por nuestro orden jurídico y penal; por esto los antecedentes policiales y penales son homogéneos, objetivos y cumplen con la lógica de la proporcionalidad del delito, y son los únicos referentes válidos para denegar un permiso de residencia como se está haciendo hasta ahora.

Los ayuntamientos tienen que aplicar las normativas municipales por igual a toda la ciudadanía que reside en el municipio, no se puede aplicar una normativa municipal sobre los ciudadanos de una forma o de otra según el origen o la procedencia, o según la situación administrativa. Tampoco se puede condicionar un derecho constitucional e internacional, como es el derecho de vivir en familia, a criterios relativistas, como es la concepción de la conducta cívica.

CCOO considera que abrir un debate como este, que no tiene ninguna base constitucional ni jurídica, no lleva a ninguna solución y en cambio favorece un discurso simplista y populista sobre la inmigración y una visión criminalizadora e instrumental de la inmigración. Podemos citar muchos ejemplos: las propuestas del alcalde de Vic sobre el empadronamiento han dado más alas a la Plataforma por Cataluña, como también el debate sobre el burka iniciado por el alcalde de Lleida ha dado argumentos xenófobos y ha beneficiado al PP.

Desde CCOO de Cataluña volvemos a llamar a los partidos políticos democráticos a no entrar en el juego de instrumentalizar electoralmente el hecho migratorio. La pérdida de voto y de la confianza verso algunos partidos políticos no es culpa de la inmigración, sino debido a las medidas antisociales, los recortes sociales, recortes de derechos laborales, de salarios o por las propuestas de recortar derechos a la jubilación que practican estos partidos y que son las causas del avance de la derecha y de la extrema derecha en Europa en general y la desmovilización y la resignación de una parte importante de la ciudadanía.