Defensa del Dret de les Dones

La Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO defiende el derecho de las

mujeres a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad,

rechazando la vuelta a una situación de indefensión e inseguridad contra

las mujeres y profesionales

Las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, respecto a la modificación que el Gobierno del PP va a realizar para que los casos de interrupción del embarazo que se den bajo la “inexistencia de reproche legal” niega y penaliza el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad, con la vuelta al Código Penal de 1985, lo que supone un claro retroceso en relación a los derechos básicos de las mujeres distanciándonos de la mayoría de las legislaciones europeas que sí reconocen la libertad y capacidad de las mujeres para decidir.

Comisiones Obreras defiende la actual Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, porque permite la autonomía y libertad de las mujeres, en relación a su sexualidad, a decidir sobre su maternidad y por tanto al aborto. Porque considera a la salud sexual y reproductiva, igual que a cualquier otra área de la salud pública, garantizando la equidad en el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos y de educación sexual al conjunto de la ciudadanía, de manera que la aplicación de esta norma ha logrado la reducción de embarazos no deseados en España afectando de manera importante a colectivos especialmente vulnerables.

CCOO parte del principio ético del respeto a la autonomía y capacidad moral de las mujeres para formular y emitir sus propios juicios, para dilucidar sobre sus propios dilemas y tomar sus decisiones, y entre ellas, considera que la de la maternidad es particularmente relevante.

CCOO defiende categóricamente que las mujeres tienen el derecho irrenunciable a decidir sobre su maternidad, por lo que considera que la vuelta a la penalización del aborto niega el ejercicio del derecho.

CCOO quiere alertar ante los riesgos que este retroceso legislativo supondría tanto para las mujeres como para los profesionales, con la eliminación de garantías jurídicas y tutela constitucional, volviendo a una situación de desprotección e inseguridad jurídica, recordando asimismo que cualquier retroceso en la legislación en materia de aborto expone a un mayor riesgo la salud y la propia vida de las mujeres, tal como viene denunciando la OMS en sus investigaciones.